En torno a la obtención de datos injustificada

Se aprecia en la población española una toma de conciencia acerca de los abusos, que alarmantemente se han venido incrementando, con respecto a la violación de los datos personales. Esta circunstancia hace evidente una profunda inquietud sobre la utilización indebida que hagan de tales referencias privadas, sujetos y entidades inescrupulosos. De hecho, a lo largo del año 2008 se registró un repunte del 45% de las quejas levantadas ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Grave delito, multas exorbitantes

Es revelador el considerar que la mayor parte de las denuncias efectuadas ante la AEPD, en el periodo citado, estaban relacionadas con el área de la telecomunicación, organismos financieros, y aspectos de la videovigilancia. A raíz de estas inconformidades se ha elevado considerablemente la magnitud de las sanciones establecidas. Se tiene calculado que el monto total de las penalizaciones aplicadas a los infractores mostró un aumento del 58% a diferencia del año previo. Este porcentaje representa una recaudación de 20 millones de euros. Es bastante consternador, además de lo comentado anteriormente, el hecho de que un número escandaloso de estas acusaciones estén realizadas en contra de las Administraciones Públicas, por descuidos tan ariesgados como, por ejemplo, el abandono en la vía pública de archivos documentales, conteniendo información confidencial ciudadana.

Uno de tantos casos

La solicitud de asesoría por parte de la AEPD para los ciudadanos interesados, también ha aumentado de modo sobresaliente. Y es que casos como el que mencionaremos a continuación parece tornarse como algo cotidiano, lo que debe ser considerado como una señal de alerta para el bien de nuestra sociedad. En el periodo citado con anterioridad, se recibió una denuncia a la AEPD por parte de una mujer española, a la cual la compañía Treym Consulting y Servicios a Empresas S.L., había estado presionando, por medio de insistentes misivas oficios y llamadas telefónicas, para que efectuara el pago de deudas que la denunciante nunca contrajo. Treym actuó de esta manera en el asunto, a solicitud de la empresa Aktiv Capital Portfolio Investments, A.G., por un arreglo que se había establecido entre ambas entidades. Sin embargo, Treym no tenía ninguna autorización oficial para el acceso a datos personales, por medio de Aktiv, ni por medio de BBVA, la institución bancaria implicada en el supuesto crédito vencido. Como consecuencia de estas irregularidades, la AEPD penalizó a Treym con una multa de 60,101 euros.