La labor de la AEPD

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La ciudadanía tiene conocimiento de que este organismo se mantiene en activo, defendiendo el derecho a la confidencialidad que toda persona posee. Pero ¿cómo lo hace? Paradójicamente, al trabajo que desarrollan los funcionarios de la AEPD no se le ha dado la difusión que merece.

Al tomar conocimiento de los campos de acción y estrategias seguidas por la AEPD, las entidades productivas, instituciones y público en general puede tomar conciencia del riesgo que corren por la exhibición poco juiciosa de sus referencias o bien el manejo inescrupuloso que hagan de tales datos otros individuos.

Conozcamos más detalles de las tareas efectuadas por la AEPD, a continuación.

Una mecánica efectiva

La AEPD recolecta las quejas y denuncias de la ciudadanía y de acuerdo al caso abre un oficio de investigación y esclarecimiento del problema. En muchas ocasiones se sirve de las referencias que los medios de comunicación brinden sobre el asunto abordado.

Cada una de las quejas recibidas es sometida a un intenso proceso de análisis y estudio por parte de los funcionarios de la AEPD. Al final, si la situación lo requiere, estos mismos funcionarios gestionan una iniciativa de sanción para los infractores, especificando qué estatuto de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) fue infringido y la penalización correspondiente. Las multas van desde los 600 hasta los 600.000 euros.

Los problemas habituales

Algunas de las denuncias más atendidas por la AEPD se refieren a la obtención ilegal de datos sobre posibles clientes para promover ciertos productos; los accesos no permitidos a bases de datos de deudores morosos; el abandono de archivos documentales de alta confidencialidad en plena vía pública o bien, la instalación de sistemas de seguridad que atenten en contra de la privacidad de los ciudadanos.

Este último punto, en especial ha sido objeto de un amplio debate sobre quienes justifican la utilización de ciertos recursos para garantizar la seguridad en ciertas circunstancias y sus opositores para quienes los derechos de las personas deben estar por encima de todo.

La AEPD promueve un razonable equilibrio a este respecto, ponderando el cumplimiento de la ley para el bien de la sociedad y adecuando estas reglamentaciones de acuerdo a las transformaciones de la modernidad y las diferentes circunstancias en las cuales estas se producen.