Aunque la ley es clara al respecto de la protección de datos (LOPD 15/1999) y contempla sanciones de más de 600.000 euros, es importante que las empresas e instituciones puedan garantizar a sus usuarios la destrucción de sus historiales cuando éstos ya no van a ser utilizados. Esto ahorrará problemas futuros a la empresa y tranquilizará a los clientes.