Este caso resulta especial, ya que los documentos de la Administración del Estado únicamente pueden ser eliminados con autorización del órgano competente y tras
el correspondiente proceso de valoración, que se encuentra regulado en el Real Decreto 1164/2002, de 8 de noviembre. En este post indagamos en el sentido de esta disposición para entender la necesidad de ejecutar correctamente la eliminación de los documentos confidenciales.

A la hora de desarrollar un proceso de eliminación de documentos, es fundamental respetar al detalle el marco legal en el que se deben efectuar estas acciones. Este post funciona como guía donde se detallan cuáles son las disposiciones legales que a ese respecto se han fijado, tanto en el ámbito español como en el europeo. Una información clave para poner en perspectiva la necesidad de efectuar este proceso con el mayor grado de eficiencia posible.